
La línea 520 del Gran Valparaíso vuelve a estar en el centro de la polémica. En los últimos meses al menos tres de sus máquinas se han visto involucradas en graves accidentes que encendieron las alarmas sobre su seguridad y estado mecánico. Entre los hechos más recientes figura una micro que terminó incrustada en una sede vecinal de la población Juan Pablo II, de Los Placeres, otra que estuvo a punto de desbarrancarse en Laguna Verde y un incidente en Barrio Puerto, donde la puerta de un bus cayó sobre una mujer que esperaba movilización.
Según fuentes del gremio, todas las máquinas involucradas pertenecen al mismo propietario. Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones aseguraron que se han tomado medidas tras las denuncias ciudadanas y los últimos incidentes. «Hemos reforzado las acciones para mejorar el servicio 520 luego de las solicitudes realizadas por los usuarios, especialmente luego del incidente ocurrido el pasado 6 de octubre», señalaron desde representación local del Ministerio de Transportes.
En la repartición explicaron que se está realizando una medición en terreno de la tasa de ocupación de los buses, junto con controles del estado mecánico de las máquinas por parte de la División de Fiscalización. Además, recalcaron que se mantiene un seguimiento permanente a la prestación del servicio.
«Estamos avanzando en el proceso para el mejoramiento del sistema de transporte público en el Gran Valparaíso, que tiene entre sus principales objetivos elevar los estándares de seguridad en los viajes y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores, con buses más modernos y pago electrónico», añadieron.
El experto en transporte y académico Ingeniería PUCV, Franco Basso, apuntó a un problema estructural en el sistema. Explicó que en Chile «el transporte público funciona de un modo en el cual la operación es privada, es decir, los dueños en su mayoría de los buses son privados, se encargan de administrar a los conductores y de brindar un buen servicio». Sin embargo, advirtió que el rol del Estado sigue siendo clave. «Es relevante que el Estado pueda mantener su rol fiscalizador verificando que se cumplan los contratos de concesión, las frecuencias, la calidad de servicio y las leyes laborales», sostuvo el ingeniero, agregando que en caso de incumplimiento «se debe poner fin a la concesión y buscar operadores que cumplan con lo que la ciudadanía espera».
Desde el gremio de dueños de buses, Cristian Soto confirmó que las máquinas que estuvieron involucradas en accidentes fueron retiradas del recorrido a Laguna Verde debido a la exigencia del trayecto. «Ya no están funcionando para Laguna Verde, porque el recorrido es muy matador de máquina», relató.
El empresario aseguró que, tras las reparaciones, las micros fueron reasignadas a trayectos urbanos menos demandantes. Además, afirmó que los dueños han hecho esfuerzos para renovar la flota. «Nosotros hicimos una inversión fuerte y compramos trece buses nuevos», comento Soto.
Fuente: La Estrella de Valparaíso (10 de Noviembre, pág. 4)
Comunicaciones Facultad de Ingeniería PUCV